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Con la desregulación, cada institución podrá fijar sus propios incrementos, lo que podría traducirse en subas significativas antes de fin de año. Desde asociaciones de padres y docentes advierten que el impacto será fuerte en los sectores medios, especialmente en el sur provincial, donde muchas escuelas privadas cumplen una función social clave.
En Mendoza, el mantenimiento de un sistema regulado para la mayoría de las escuelas privadas con subsidio es un dato positivo en términos de equidad. Pero debe acompañarse de un control efectivo, transparencia en los montos aplicados y mecanismos de protección para las familias vulnerables. No basta con “haber fórmula”: hay que verificar que las cuotas no suban por encima del aumento real de ingresos familiares.
El Estado provincial mantiene aún un control importante para la mayoría de los institutos privados con aportes estatales. Esa doble vía regula en parte el impacto, pero también abre nuevas interrogantes: ¿hasta cuándo la fórmula regulada será suficiente para cubrir los costos institucionales? ¿Cuántos colegios quedan fuera del subsidio y se ven beneficiados por la libertad de fijación? ¿Y qué tanto resiste el bolsillo familiar ante eventuales aumentos extra –o encubiertos – de cuotas?
Para las familias alvearenses, mendocinas y de contextos similares, el desafío es mantener la educación privada como opción viable sin que eso implique un sacrificio excesivo en otros frentes del gasto familiar.
