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La normativa modifica los criterios de preservación al establecer que la protección se aplicará principalmente a los glaciares que cumplan una función hídrica efectiva, mientras que las provincias tendrán mayor participación en la evaluación y definición de las áreas alcanzadas por la regulación.
El proyecto había obtenido previamente media sanción en el Senado y fue aprobado tras un extenso debate legislativo, en medio de movilizaciones sociales y cuestionamientos de sectores científicos y ambientales sobre el impacto de los cambios en reservas estratégicas de agua dulce.
Con la sanción definitiva, la reforma establece un nuevo marco normativo para la gestión de los glaciares y ambientes periglaciares en el país, quedando ahora su implementación sujeta a la reglamentación correspondiente.
Durante el tratamiento de la reforma, hubo manifestaciones en contra y represión policial en diferentes puntos del país.
