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Desde el ingreso del campus de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO) hasta Plaza Independencia, Mendoza fue nuevamente escenario de un compromiso colectivo imperecedero, la defensa de la educación pública. La Quinta Marcha Federal Universitaria reunió a más de 25 mil personas con un mensaje urgente: exigir el cumplimiento pleno de la Ley de Financiamiento Universitario.
A más de dos años de haber comenzado esta gesta, la comunidad académica volvió a encontrarse con la sociedad para sostener el derecho inalienable a una educación superior y científica de excelencia. El pueblo de Mendoza volvió a mostrar su apoyo a la educación pública y en defensa de la democracia. La cronología de estas manifestaciones públicas masivas comenzó en abril de 2024, siguió en octubre de ese mismo año y se repitió en septiembre de 2025 y mayo de 2026.
Desde las primeras horas de la tarde, el ingreso al campus de la UNCUYO volvió a transformarse en el punto de encuentro de una columna diversa y decidida. Encabezada por las máximas autoridades de la casa de estudios, la rectora Adriana García y la vicerrectora Ana Sisti, junto a decanos, decanas, integrantes del Consejo Superior y los consejos directivos, la movilización avanzó en un clima de firmeza y entusiasmo colectivo.
“Que se sienta el mensaje, el mensaje de la Universidad Nacional de Cuyo, una universidad que es patrimonio histórico cultural de Mendoza y de la región desde hace 87 años. Si la sociedad mendocina no comprende que esta universidad los ha acompañado, que ha acompañado a cada uno de sus hijos e hijas, inclusive aquellos que por primera vez tienen la posibilidad de ser profesionales, artistas, técnicos, profesores y volcarse al trabajo de una sociedad como esta, yo creo que estamos en un retroceso”, reflexionó la rectora Adriana García antes de comenzar la movilización.
Detrás de los equipos de gestión se encolumnaron miles de estudiantes agrupados en la Federación Universitaria de Cuyo, centros de estudiantes secundarios, egresados, trabajadores docentes y nodocentes nucleados en el frente sindical, junto a representantes de organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y familias mendocinas que acompañaron el trayecto por las avenidas Carlos Lencinas, Padre Contreras, Emilio Civit y Sarmiento, hasta desembocar en la Plaza Independencia.
A lo largo del recorrido, el reclamo visibilizó la profunda preocupación por la depreciación del poder adquisitivo de los salarios docentes y nodocentes, la paralización de obras de infraestructura y el desfinanciamiento de las becas estudiantiles y programas científicos. La comunidad universitaria volvió a dejar en claro que garantizar los recursos presupuestarios no representa un gasto fiscal, sino una inversión estratégica indispensable para resguardar la excelencia académica, la movilidad social y el desarrollo soberano del país.
En una Plaza Independencia colmada, el acto de cierre se convirtió en el punto de encuentro de una ciudadanía movilizada por la defensa de sus instituciones. Tras entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino, se dio lectura a una declaración consensuada entre las autoridades universitarias y el frente sindical.
En este documento se reafirmó que la educación superior pública es un pilar irrenunciable de la soberanía y la movilidad social. Allí se expuso la gravedad de la asfixia financiera actual y se denunció una brecha insostenible de 3,7 billones de pesos entre la partida presupuestaria proyectada por el Poder Ejecutivo Nacional —de 7,34 billones— y los 11 billones de pesos fundamentados técnicamente por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Este recorte deliberado representa un ahogamiento operativo que amenaza el funcionamiento normal de aulas, laboratorios y servicios básicos de cara al ciclo lectivo 2027.
Asimismo, el texto visibilizó el profundo deterioro de las condiciones materiales de la comunidad académica y del sistema científico tecnológico. En materia laboral, se advirtió sobre la severa pérdida del poder adquisitivo del personal docente y nodocente —destacando que el salario básico de un trabajador nodocente de categoría 7 apenas cubre el 53 % de la canasta básica total—, mientras que en el ámbito estudiantil se denunció que las Becas Progresar, estancadas en torno a los 35 mil pesos, resultan insuficientes para sostener las trayectorias académicas.
De igual modo, el documento repudió la pretensión del Gobierno nacional de condicionar la transferencia de fondos vulnerando la autonomía y autarquía universitaria garantizadas por el artículo 75 (inciso 19) de la Constitución Nacional, y alertó sobre el desmantelamiento de organismos clave de investigación como el CONICET, el INTA y el INTI.
En su tramo final, la proclama colectiva elevó un emplazamiento directo al Gobierno Nacional y al Congreso de la Nación —con una firme interpelación a las y los legisladores por Mendoza— para exigir la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario.
La demanda unánime de la plaza se sintetizó en cinco ejes centrales: la readecuación presupuestaria inmediata sobre la base de los 11 billones de pesos fijados por el CIN, la urgente recomposición salarial, el incremento sustancial de las becas estudiantiles, el respeto irrestricto a la autonomía universitaria y la restitución de los fondos destinados a la red pública de ciencia y técnica.
Tras la lectura de un fragmento del documento, y en representación del claustro estudiantil, Mercedes Hadid, presidenta de la Federación Universitaria de Cuyo (FUCuyo) y Guadalupe Zamora, consejera superior estudiantil, se dirigieron al público presente. Luego fue el turno de los trabajadores docentes y nodocentes, representados por Miguel Masnú, secretario general de SIDUNCU, Yemina Rocha, secretaria adjunta de ATUNCU, y Emiliano Diez, secretario general de FADIUNC.
La Quinta Marcha Federal Universitaria concluyó ratificando que el derecho a una educación superior gratuita, inclusiva y de calidad es un valor innegociable. Con esta nueva demostración de unidad en las calles, Mendoza volvió a confirmar que la defensa de la UNCUYO y de la ciencia nacional constituye un compromiso histórico e inclaudicable con el porvenir de las próximas generaciones.
"A las y los estudiantes, a las y los trabajadores, a la ciudadanía en su conjunto: mantengámonos alertas, unidos y movilizados. ¿Quién nos convoca? Nos convoca la historia. La historia nos convoca a defender una de las conquistas más nobles y transformadoras de nuestro pueblo. Universidad pública, gratuita, inclusiva y de calidad hoy y siempre. Muchas gracias", concluyó Adriana García para cerrar el acto.
Bajo el título "Defender nuestros sueños, garantizar el futuro", el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), junto a la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de Universidades Nacionales, dio a conocer una declaración nacional en el marco de esta marcha federal universitaria. En el documento, rectores, estudiantes y gremios advirtieron que el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Poder Ejecutivo atenta contra el sistema democrático e ignora fallos judiciales que exigen la aplicación inmediata de sus artículos sobre salarios y becas. Asimismo, la proclama coincidió con el reclamo de derogar el DNU 70/23 y ratificó que la gratuidad, la autonomía, el ingreso irrestricto y la extensión son pilares históricos e irrenunciables del modelo universitario argentino.
En materia presupuestaria, la declaración nacional denunció que el Proyecto de Ley de Presupuesto 2027 presentado por el Gobierno Nacional representa la partida educativa más baja de la historia —ubicándose por debajo del 1 % del PBI—, ante lo cual la propuesta técnica elaborada por el CIN exige un incremento del 33,4 % respecto del proyecto oficial para restaurar las condiciones mínimas de funcionamiento. El texto visibilizó además la severa pérdida salarial de docentes y nodocentes producida por el desconocimiento de las paritarias, junto con la parálisis del sistema de bienestar estudiantil, evidenciada en el congelamiento de las Becas Progresar en 35 mil pesos desde 2024 y la desinversión en las Becas Manuel Belgrano y en las Becas de Estímulo a las Vocaciones Científicas.
Por último, el pronunciamiento alertó sobre la crítica situación del sistema científico y tecnológico nacional, amenazado por la paralización de proyectos competitivos y el riesgo inminente de un nuevo éxodo de investigadoras e investigadores formados en el país. A modo de conclusión, las autoridades del CIN y los frentes representativos remarcaron que el sistema universitario y científico no discute márgenes de expansión sino su propia supervivencia, afirmando con énfasis que la educación pública no es el problema de la Argentina, sino una parte fundamental de la solución para garantizar soberanía, equidad y desarrollo.
