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Las carreras terciarias que ofrece la Dirección General de Escuelas (DGE) no tendrán asegurado el comienzo de una nueva cohorte de un año a otro. Esto es porque a partir de una resolución publicada ayer en el Boletín Oficial, las instituciones deberán pedir autorización al gobierno escolar cada ciclo lectivo y será este quien defina la continuidad.
Se evaluará la demanda, la matrícula y las condiciones edilicias entre otros aspectos para definir si lo aprueba. Uno de los conceptos destacados es el de “carreras prioritarias” para definir la preferencia. Según explicó Emma Cunietti, coordinadora de Educación Superior de la DGE, para esto se tendrá en cuenta la demanda del mercado laboral ya que subrayó que así como el acceso a educación es un derecho también lo es la inserción al trabajo. Dados los contenidos de la oferta académica, el mercado en cuestión es el sistema educativo y empresas en el caso de las tecnicaturas.
Por ello, aclaró que todos los años informarán en agosto a través de una resolución que áreas tienen mayor demanda para que los alumnos definan su conveniencia y las instituciones su oferta para el año siguiente.
En principio se requerirán 25 alumnos por curso en zonas urbanas y 18 en zonas rurales o periféricas desfavorables, cuando se trate de instituciones de gestión estatal.
Por otra parte, se contempla la relocalización y unificación de las ofertas. En este marco, los docentes podrán ser trasladados prestando su conformidad. De no hacerlo, los titulares pasarán a disponibilidad y los suplentes “cesarán en sus funciones”.
El gremio docente ha salido con los tapones de punta a cuestionar la resolución 2010 y a advertir que no se les ha suministrado la información con la que cuentan para definir las prioritarias.
Esto significa que hay carreras que pueden dejar de existir en cualquier momento y que toda la oferta educativa de Mendoza se va a regir por la ley de la oferta y demanda, como si fuera un producto más del mercado. No va haber un plan estratégico en términos de la educación como derecho. Es decir, que un chico de Santa Rosa que quiera estudiar Filosofía, es algo que se va a estudiar en la universidad y en el Gran Mendoza”, dijo el secretario general de SUTE, Sebastián Henríquez.
Se trata de críticas que venían expresando desde hace meses, cuando se conoció la intención de realizar modificaciones en el marco de lo que el gobierno ha denominado un “Plan de mejora sistémica para el nivel superior”.
La DGE dice que busca equidad
Cunietti negó que se trate de una medida que pueda resultar inequitiva para quienes vivan en zonas donde no haya muchos alumnos y puedan quedarse sin la oferta que deseen.
a inequidad se genera cuando tenés 30 docentes para tres alumnos porque es una inversión muy importante (…) una carrera muere sola cuando no tiene más estudiantes”, señalo.
Dijo que en caso que tengan que trasladarse de un departamento a otro no sería algo tan extraño ya que sucede en muchos casos de alumnos universitarios. Y que en tal situación se contempla otorgar una beca a los alumnos que deban trasladarse.
Por otra parte, en cuanto al mínimo de alumnos por curso para mantenerlo dijo que se trata simplemente de hacer cumplir una normativa que ya estaba vigente, la resolución 3171 de diciembre de 2007.
Respecto del posible traslado de los docentes dijo: “no hay posibilidad de que la gente quede sin trabajo” pero sí hay posibilidad de que deba trasladarse a otros departamentos.
“No veo de ninguna manera un solo artículo que diga que se va a cerrar una institución pero también vemos que los alumnos tienen derechos”, manifestó. Esto último en referencia a que haya muchos recibidos de una carrera sin suficiente campo laboral.
En agosto se definirán las carreras prioritarias y entre setiembre y octubre las instituciones podrán organizar su oferta. En el caso de los institutos de gestión privada que reciben actualmente un subsidio de 100% , no lo recibirán más salvo que se trate de carreras prioritarias.
Podrán ofrecer las que no lo sean pero no recibirán el subsidio y esto puede incidir en el valor de la cuota. Actualmente una con subsidio cuesta entre 1.500 y 2.500 pesos. Las carreras de formación docente duran 4 años y las técnicas, 3.
Fuente: Diario Los Andes
