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La decisión fue tomada este viernes por el jefe del Ejecutivo, Rodolfo Suarez, después de 10 días de un amplio levantamiento social, una gran presión de los intendentes y una catarata nacional e internacional de pedidos para que se dejara sin efecto la medida.
Este lunes, los mismos legisladores de Cambia Mendoza y del PJ que votaron a favor de la ley de Suarez, votaron para derogarla.
Mientras los legisladores sesionaban, una muchedumbre esperaba la derogación en los alrededores de la Legislatura.
En ambas cámaras se dieron varias similitudes. Algunos legisladores estaban molestos por los insultos recibidos en estos últimos diez días, otros se expresaron a favor de que no entendieron a la sociedad mendocina a la hora de la primera votación y estuvieron los que agradecieron al gobernador Rodolfo Suarez "por haber escuchado".
En el Senado, la votación fue por 34 votos a favor contra 2 en contra. Ambos de las senadores malargüinas Gladys Ruiz e Hilda Quiroga. En diputados, en tanto, fueron cuatro los negativos: Guillermo Mosso y Josefina Canale (PD), Hebe Casado y Gustavo Cairo (PRO)
Reforma y vuelta atrás
Si bien la postura del gobernador con respecto a la minería extractivista estaba clara, ya que él se mostró a favor de cambiar la 7.722 durante toda su campaña, sorprendió la rapidez con la que envió el proyecto a la Legislatura. Lo hizo el 10 de diciembre, un día después de asumir.
Sin embargo, el tema estaba en discusión desde hacía más de un año, periodo en el que se discutieron 2 proyectos de legisladores del PJ.
Estos tendían a flexibilizar el uso de sustancias químicas que la 7722 prohíbe expresamente y permitían la actividad en áreas que no afectaran la zona periglaciar.
El peronismo, que no se había puesto de acuerdo en la presentación de estas iniciativas de los senadores Alejandro Abraham y Juan Agulles, no dio el visto bueno. En cambio, exigió que el exgobernador Alfredo Cornejo enviara un proyecto propio. Cornejo nunca lo hizo y prefirió que se siguieran discutiendo las iniciativas del PJ.
En el inicio de la nueva gestión, Suarez cumplió con el requerimiento del proyecto propio. Las dos diferencias fundamentales con la 7722, eran la de no prohibir el cianuro y el ácido sulfúrico en la explotación minera, y la de eliminar el paso de las declaraciones de impacto ambiental de los proyectos por la Legislatura.
El sí del peronismo a dar luz verde a esta idea ya estaba comprometido. La mayoría de los diputados y senadores de esta fuerza política apoyaron al gobernador, y el viernes 20 de diciembre, en medio de reclamos sociales, se aprobó la legislación.
Desde el 21 de diciembre, el disgusto social y los reclamos por la nueva ley comenzaron a multiplicarse. El domingo 22, una marcha de productores, vecinos y agrupaciones sociales partió a pie desde el Valle de Uco y llegó el lunes 23 por la mañana a la Casa de Gobierno.
La manifestación fue pacífica, pero en las inmediaciones de la sede del Ejecutivo comenzó una agresión con la policía que terminó con varios heridos y detenidos.
Ese mismo día, Suarez decidió promulgar la ley y con esta medida, la protesta creció.
El jueves 26 de diciembre el gobernador anunció que no reglamentaría la ley por el momento, sin embargo, la propuesta no convenció.
Esa noche hubo una masiva marcha en la Plaza Independencia, y en las redes sociales los pedidos para que se derogara se multiplicaron. También la participación de artistas a nivel nacional e internacional que brindaron su apoyo al reclamo.
En medio de esta panorama social de conflicto en crecimiento, Suarez decidió que daría marcha atrás con la 9.209 y el viernes 27 anunció que enviaría un proyecto para derogarla.
En cuanto a lo político, Suarez se vio acorralado por propios y ajenos. Intendentes y referentes tanto de su partido como del PJ comenzaron a diferenciarse de lo que habían votado el viernes 20 los Legisladores.
Primero fue San Carlos, acérrimos defensores de la 7.722. Luego se sumaron los jefes comunales peronistas de Lavalle, Maipú, Santa Rosa, La Paz y San Rafael.
Pero los radicales no se quedaron atrás: el jefe comunal de Las Heras, Daniel Orozco, el de Tupungato, Gustavo Soto y el de General Alvear, Walter Marcolini también se sumaron al "no a la megaminería”
En cuanto a San Carlos, tanto el intendente Rolando Scanio como el legislador y exintendente de ese departamento, Jorge Difonso, fueron impulsores de los reclamos, y forman parte del Frente Cambia Mendoza. Hay de destacar que Difonso fue uno de los autores de la 7.722. En este conflicto tuvo varios cruces con el oficialismo y la relación quedó muy tensa.
Al vicegobernador Mario Abed siempre se lo vio muy incómodo en su rol de acompañamiento a esta iniciativa. En definitiva, Suarez solo tenía el respaldo de sus ministros y de los empresarios del sector.
En cuanto al PJ, también le llovieron reclamos con respecto a las marchas y contramarchas que había demostrado en su postura y hubo críticas para la excandidata a gobernador,a Anabel Fernández Sagasti el senador peronista Lucas Ilardo.
Finalmente, este lunes la derogación fue un hecho y la 7722 quedará restablecida en toda la provincia.
Fuente: Diario UNO
