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El miembro informante fue el propio autor de la propuesta quien destacó la importancia de fortalecer las economías regionales con normas adecuadas que fomenten el crecimiento y eviten obstáculos comerciales innecesarios en un contexto económico complejo.
Luego de escuchar las posturas de los legisladores de las diferentes bancadas, el proyecto se sometió a votación. De esta manera, la iniciativa fue aprobada por 28 votos afirmativos y 10 abstenciones, por lo que fue remitida a la Cámara de Diputados en revisión.
La intención de la ley era proteger a los pequeños productores mediante la obligación de registración, asegurando que se establecieran precios y plazos de pago antes de la entrega de la producción. Sin embargo, en la práctica, los resultados no fueron los esperados, especialmente en el sector vitivinícola.
Un ejemplo claro en la vitivinicultura es que los acuerdos definitivos no pueden cerrarse antes de contar con una aproximación certera sobre los quintales de uva y variedades disponibles. Esta información solo se obtiene una vez que la uva ha sido cosechada y pesada en el establecimiento elaborador. Además, los precios relativos por variedad y zona se clarifican al finalizar la cosecha, cuando ya se conoce el stock resultante y las condiciones del mercado, lo que ha generado un desfase entre los precios acordados y los reales al momento de la entrega.
Desde el punto de vista contractual, la ley imponía una obligación que afectaba la libertad de los productores para negociar de manera justa. Muchos sectores productivos y entidades gremiales coincidieron en que la norma entorpecía el comercio y dificultaba la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre, ya que factores como el clima y las condiciones de mercado podían modificar sustancialmente la producción y los acuerdos previos.
En respuesta a estas críticas, la nueva ley establece que los establecimientos que reciban materias primas para su industrialización, acopio o transporte deberán entregar un recibo al productor, detallando la cantidad, calidad, precio pactado y la forma de pago. Además, el Ministerio de Producción será el encargado de recolectar y difundir información clave sobre las actividades agropecuarias para garantizar la transparencia y facilitar la toma de decisiones.
La derogación de la Ley 9133 marca un avance en la defensa de la libertad contractual y busca restaurar el equilibrio en las negociaciones entre productores y establecimientos receptores, adaptándose mejor a las realidades del sector productivo de Mendoza. La nueva normativa entrará en vigencia tras su publicación oficial.
