| ► | Escuchar: |
|
Por mayoría de votos -19 a 14-, la Cámara de Senadores de Mendoza dio sanción definitiva este martes al proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo para disolver el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), una entidad que gestionaba la regulación del servicio de agua y saneamiento en la provincia.
La iniciativa, aprobada previamente por la Cámara de Diputados, apunta a transferir las funciones del EPAS al Departamento General de Irrigación, buscando optimizar la fiscalización y eficiencia en el uso de recursos.
El presidente de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, Walther Marcolini, explicó que el proyecto propone un nuevo régimen normativo para los servicios de agua potable y cloacas en Mendoza.
La nueva ley plantea la derogación de la Ley 6.044 de 1993, que había establecido el marco normativo para la regulación de estos servicios.
El legislador radical también destacó que el régimen que se pretende modificar fue diseñado en un contexto económico y político muy diferente al actual, en la década de 1990, marcado por políticas de desregulación y privatización de los servicios públicos.
El proyecto fue aprobado por 19 votos a favor y 15 en contra, por lo que fue remitido al Poder Ejecutivo para su posterior promulgación.
Durante el proceso de análisis legislativo, el proyecto incorporó sugerencias de legisladores de distintas bancadas en varios artículos. En la Cámara Baja, el proyecto fue revisado por el plenario de comisiones de Hacienda y Presupuesto y de Legislación y Asuntos Constitucionales, mientras que, en el Senado, Natalio Mema, ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, expuso los detalles de la propuesta, defendiendo la necesidad de eliminar duplicidades y reducir los costos operativos.
La ley establece que Irrigación asumirá el control sobre la calidad y potabilidad del agua, el tratamiento de aguas residuales y la supervisión de operadores en toda la provincia. En cuanto al tema de tarifas, se fijarán principios tarifarios que consideren objetivos económicos, sociales y ambientales, garantizando que las tarifas reflejen los costos operativos y de mantenimiento, además de una posible rentabilidad razonable para los operadores, siempre en el contexto de una gestión eficiente.
El Poder Ejecutivo queda facultado para transferir a Irrigación, Aysam y otras entidades los recursos necesarios para cumplir con las nuevas responsabilidades. Asimismo, se contempla la posibilidad de que Aysam cobre una tasa de servicios a los operadores comunitarios que soliciten asistencia técnica, destinando estos fondos al sostenimiento de la entidad y a la cobertura de los costos de la asistencia.
En cuanto al personal, la ley ofrece opciones para su reubicación. Los empleados podrán incorporarse a Irrigación o AYSAM, si cumplen con los requisitos y lo aceptan. En caso de que no sea posible su absorción, se les ofrecerá una reubicación en otra dependencia de la Administración Pública o, en última instancia, la desvinculación con una indemnización acorde a la normativa laboral vigente. Además, se les respetará la antigüedad y el salario actual, ajustándose cualquier diferencia salarial mediante un adicional compensatorio.
Fuente: Diario UNO
