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Con el decreto 601, el gobernador Alfredo Cornejo decidió extender la vigencia de los contratos de empleados estatales hasta fin de año. Se trata de los contratos que vencieron el 31 de marzo, y que se pagan con recursos de Rentas Generales o con fondos provinciales y nacionales afectados.
El decreto, que se publicó este jueves en el Boletín Oficial, hace la salvedad de que la medida se mantendrá "siempre que la efectiva recaudación lo permita" y lleva la firma de los 7 ministros del gabinete provincial.
La extensión de contratos que se hizo de manera automática desde el 1 de abril hasta el 31 de diciembre alcanza a empleados interinos, adscritos, contratados en planta temporaria y beneficiarios de adicionales o suplementos.
También incluye a aquellos que prestan servicios bajo regímenes de locación de obras o servicios y honorarios en el marco del sistema de Horas Módulo Deportivo.
Los empleados estatales que tengan contratos que vencieron el 31 de marzo tendrán vigente sus contratos hasta el 31 de diciembre de este año.
Además, contempla la extensión de los contratos vinculados a la Unidad de Financiamiento Internacional (UFI), y se financiarán con fondos de Organismos de Crédito Internacionales, con la idea de facilitar la continuidad de las obras que costean esos mismos organismos.
En paralelo, el decreto abre la posibilidad de que los ministros y las autoridades de los entes descentralizados podrán disponer modificaciones o ceses en casos particulares a lo largo del período de prórroga, aunque deberán mediante la emisión de la norma legal correspondiente.
Además, los organismos administrativos deberán adecuar las partidas presupuestarias y realizar los procedimientos necesarios para garantizar la ejecución de los pagos correspondientes a los trabajadores alcanzados por la medida.
En septiembre pasado, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad del ingreso al Estado de trabajadores sin concurso de antecedentes, y el gobierno de Alfredo Cornejo lo aplaudió.
Es que con ese fallo, el Gobierno entendió que contaba con un instrumento para decidir el destino de unos 7.800 empleados estatales en esa situación.
En aquel momento se confirmó que al menos un 10% del total de empleados públicos ingresaron a planta permanente del Estado hace 10 años.
Al fin de su mandato, Francisco Paco Pérez había dejado 110.000 empleados dentro de la administración pública.
Desde entonces, entre personal que se jubiló, fallecimientos, renuncias y despidos, el sector público de Mendoza se achicó bastante.
A fines del 2024, sobre una nómina de 94.700 trabajadores repartidos en 18 regímenes salariales, se puso la lupa sobre unos 1000 empleados.
Fuente: Diario UNO
