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l debate público sobre la reforma laboral presentada por el gobierno está dominado por discusiones desde la óptica del empleo y la flexibilización. Sin embargo, hay un aspecto estructural que merece más atención y cuestionamiento: el impacto que esta reforma puede tener sobre la financiación del sistema jubilatorio argentino.
El proyecto propone la creación de los llamados Fondos de Asistencia Laboral (FAL), destinados a financiar las indemnizaciones por despido. A primera vista, esto se presenta como una fórmula para reducir los costos que deben pagar los empleadores. Pero detrás de esa narrativa se esconde algo más preocupante: una transferencia de recursos del sistema de seguridad social —la Anses— a un fondo que beneficiará directamente a los empleadores.
El proyecto propone que las empresas aporten un 3% de la masa salarial a los FAL para financiar las indemnizaciones por despidos. En teoría, esto es un aporte empresarial. En la práctica, sin embargo, ese aporte no es un gasto adicional para las empresas: se descuenta directamente de lo que hoy pagan en aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) —es decir, del dinero que financia jubilaciones, pensiones y prestaciones como la AUH.
Este mecanismo equivale a un pase contable: recursos que hoy deberían ingresar a la caja previsional pasarían a integrarse a un fondo para gestionar indemnizaciones laborales. La consecuencia directa es clara: menos ingresos para la Anses y, por ende, una menor base de financiamiento para las jubilaciones futuras.
En un país con casi un 50% de su empleo en la informalidad, y donde la proporción de aportantes activos es un desafío recurrente, reducir aún más los ingresos del sistema previsional no es una decisión menor: puede profundizar el desbalance financiero de la Anses, ampliar el déficit previsional y poner en crisis la totalidad del sistema previsional argentino.
Más allá del debate por la reforma laboral, la pregunta de fondo es qué tipo de modelo de seguridad social queremos. La reforma, tal como está planteada, introduce un precedente preocupante: aceptar que los fondos destinados a la protección social puedan desviarse hacia otros usos sin generar necesariamente más empleo ni mayor formalización. Esto no solo podría comprometer la sustentabilidad financiera, sino también erosionar la confianza de las generaciones presentes y futuras en un sistema que debería garantizar un envejecimiento digno.
La reforma laboral no puede hacerse a costa del corazón de nuestro contrato social: el sistema jubilatorio. Es hora de poner en el centro del debate la sostenibilidad de nuestras jubilaciones y la justicia intergeneracional que un sistema previsional debe garantizar.
*Director del CESPAM (Centro de Estudios Sociales y Políticos sobre Adultos Mayores)
Fuente: Página 12
