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Un convenio marco entre el Gobierno de Mendoza y las municipalidades de San Rafael y General Alvear plantea la donación de tres aviones para la lucha antigranizo y un aporte de $900 millones. Sin embargo, el texto incorpora una condición central: ese dinero sería descontado posteriormente de las compensaciones que pudieran recibir los productores de ambos departamentos por daños climáticos.
Uno de los puntos más relevantes aparece en la cláusula tercera, donde se establece que, “por expreso pedido de los municipios y por única vez”, la Provincia entregaría $900 millones destinados exclusivamente a la implementación y ejecución de la lucha antigranizo.
A continuación, el documento precisa: “Dicho importe será posteriormente descontado de las sumas que pudieran corresponder a los productores de los Departamentos de San Rafael y General Alvear del Fondo Compensador Agrícola”.
El mecanismo de descuento quedaría en manos del Gobierno provincial, que debería instrumentarlo “de forma que resulte proporcional para todos los productores de esa zona que reciban eventualmente el beneficio”. De esta manera, el aporte previsto para poner en marcha el sistema tendría como contrapartida una reducción de las compensaciones destinadas a los productores que accedieran al fondo.
En cuanto al equipamiento, el convenio contempla la transferencia de tres aeronaves Piper Cheyenne PA31-T, matrículas LV-BCR, LV-BCU y LV-BCT. Según la cláusula primera, la Provincia se comprometería a “ceder en forma definitiva mediante donación” esos aviones, que serían entregados en condiciones de aeronavegabilidad, conforme a los informes técnicos mencionados en el texto.
La donación no implicaría un pago de los municipios por las aeronaves, aunque estaría sujeta a las aprobaciones correspondientes. Además, los aviones tendrían un destino exclusivo: la lucha antigranizo. El convenio indica que no podrían utilizarse “para ningún otro fin o destino, bajo apercibimiento de revocarse dicha donación”.
La propuesta también traslada a las comunas la contratación del personal y la provisión de los elementos necesarios para operar. La cláusula cuarta señala que “los municipios deberán asumir a su exclusivo cargo la contratación del personal, insumos y demás elementos que resulten necesarios para la utilización de las aeronaves”.
Esto incluye pilotos, mecánicos, técnicos, material pirotécnico, seguros, hangares y depósitos, entre otros gastos. La prestación podría realizarse directamente o mediante una empresa contratada para ese fin.
A partir de la entrega, San Rafael y General Alvear también asumirían de manera exclusiva el mantenimiento de las aeronaves y la tramitación de permisos, licencias y habilitaciones. Asimismo, quedaría a su cargo la adquisición, importación y provisión del material pirotécnico utilizado para combatir el granizo. Por su parte, la Provincia entregaría el stock de repuestos disponible, individualizado en un anexo mencionado en el convenio.
Otra definición central aparece en la cláusula novena: “El presente acuerdo no implica una explotación conjunta de la lucha antigranizo, en la que participarán en exclusividad y a su propia costa y riesgo los municipios”.
El texto establece, además, que las comunas deberían mantener indemne al Gobierno provincial frente a reclamaciones civiles, laborales, impositivas o de cualquier otra naturaleza que pudieran originarse por la actividad, en las condiciones previstas en el documento.
Respecto de los radares, la Provincia facilitaría el servicio y conservaría a su cargo el funcionamiento y mantenimiento de los equipos. Sin embargo, los municipios o el operador contratado deberían aportar el personal complementario necesario para el Centro de Operaciones de Radar y asumir el comando del servicio.
En ese esquema, las comunas o la empresa operadora elaborarían sus propios pronósticos, determinarían la categoría de día convectivo y decidirían cuándo solicitar el encendido de los radares. Sobre estas decisiones, el convenio señala que quedarían bajo responsabilidad municipal o del prestador, “no teniendo la provincia injerencia ni responsabilidad alguna en tal sentido”.
La propuesta de la Municipalidad de San Rafael enviada al Ministro de la Producción en septiembre
Una nota dirigida al ministro Rodolfo Vargas Arizu, fechada el 7 de septiembre, consideró insuficiente la cesión de dos aeronaves para San Rafael y General Alvear. El documento planteó condiciones de financiamiento y reclamó una cesión gratuita por entre ocho y diez años.
La discusión por la continuidad de la lucha antigranizo en el sur mendocino tiene un antecedente escrito: en una nota fechada el 7 de septiembre de 2026, dirigida al ministro de Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu, se planteó la necesidad de contar con un mínimo de tres aviones y se detalló cómo debían distribuirse los gastos para sostener el sistema.
El documento respondió a una comunicación provincial del 1 de septiembre, en la que se informaba la decisión de ceder, en forma conjunta a los municipios de San Rafael y General Alvear, dos aeronaves que integraban el sistema de lucha antigranizo.
Uno de los principales cuestionamientos apuntó a la cantidad de aviones ofrecidos. La respuesta sostuvo que, para una ejecución óptima del sistema, esa disponibilidad “es insuficiente, debiendo ser como mínimo TRES aeronaves las que se entreguen en forma gratuita”.
Según el planteo, esa cantidad permitiría “lograr la mayor mitigación posible”, un objetivo que el escrito consideró condicionado por la propuesta de entregar solamente dos unidades.
Fuente: Diario San Rafael
