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Es que no sólo se trata de detectar e imputar a los sospechosos de no respetar el artículo 205 el Código Penal, aquel que regula el cumplimiento de las normas emanadas para autoridades para evitar la propagación de una enfermedad. Ahora se avecinan una catarata de juicios para resolver esas causas.
Según confirmó el procurador general Alejandro Gullé, se están poniendo a punto los sistemas tecnológicos para comenzar estos procesos la próxima semana.
El delito está penado con 6 meses a 2 años de cárcel. Es excarcelable, por lo que muchos debates podrían realizarse en forma abreviada -donde el acusado admite su autoría y recibe una condena cercana a la mínima- o con una suspensión de juicio a prueba -no se realiza el debate, el sujeto no es condenado pero se establecen normas de conducta-.
Claro que habrá otros imputados que insistirán en su inocencia y deberán pasar por un juicio oral convencional para que un juez resuelva al respecto.
Para todas estas investigaciones, el lunes se firmó un acuerdo histórico entre la Justicia provincial y la federal, ya que no existen antecedentes al respecto.
El procurado de la Nación, Eduardo Casal, y Gullé -en representación de los fiscales provinciales de todo el país- acordaron trabajar mancomunadamente en la investigación por las miles de violaciones a la cuarentena. Es decir, un aprehendido puede ser imputado por un fiscal provincial -en este caso Correcional- o uno federal.
Más adelante se establecerá sobre qué organismo queda la competencia finalmente, aunque se supone que será en el ámbito provincial ya que tiene una infraestructura más importante que la Fiscalía Federal.
Fuente: Diario UNO
