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Javier Milei promulgó la ley de financiamiento para las universidades públicas y una recomposición salarial para el personal docente y no docente, pero la ley quedó suspendida hasta que el Congreso determine las fuentes de financiamiento e incluya las partidas correspondientes en el Presupuesto Nacional.
Lo mismo sucedió con la ley que declara la emergencia sanitaria pediátrica y de residencias médicas,
Mientras tanto, gremios docentes de las universidades y entidades estudiantiles anunciaron que este martes habrá una jornada de protesta y el miércoles se llevará a cabo un paro de 24 horas en todo el país.
La medida del gobierno fue oficializada a través de los decretos 759/2025 y 760/2025 publicados en el Boletín Oficial. Javier Milei replicó lo ocurrido hace un mes con la Ley de Emergencia en Discapacidad, también frenada por razones fiscales.
Los argumentos del gobierno para postergar la aplicación del financiamiento a las universidades
El Poder Ejecutivo justificó la decisión en el impacto fiscal que tendría la implementación de ambas leyes sobre las cuentas públicas.
La Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso pese al veto presidencial, prevé la actualización automática de los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales cada dos meses, según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC.
El texto oficial detalla que, entre mayo y diciembre de 2024, la inflación acumulada fue del 34,89 %, lo que implicaría un costo adicional estimado de $123.358 millones para el ejercicio en curso.
De aplicarse plenamente, el gobierno calcula que el gasto total ascendería a $1,06 billones en 2025 y $2 billones en 2026.
La ley avanza en la recomposición salarial del personal docente y no docente. El texto ordena que los sueldos se actualicen en un porcentaje no inferior al IPC desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma.
Según cifras oficiales, en ese período los salarios subieron 128,49 %, mientras que la inflación acumulada fue de 220,45 %. Para compensar esa diferencia, debería otorgarse un incremento del 40,25 % sobre los básicos liquidados en julio de 2025.
La Ley de Emergencia Pediátrica busca garantizar el acceso a servicios de salud infantil, reforzar hospitales públicos pediátricos y fortalecer las residencias médicas. Dispone prioridad en la asignación de recursos para insumos críticos, infraestructura, medicamentos, vacunas y personal esencial. También establece la recomposición inmediata de los salarios del personal pediátrico.
El decreto advierte que el costo fiscal estimado asciende a $196.270 millones, cifra que supera ampliamente la capacidad presupuestaria del Ministerio de Salud, que ya presenta un déficit de $102.400 millones.
Fuente: Diario UNO
